La siguiente nota fue publicada el día 17 de septiembre por El Diario de Paraná:
María de los Angeles Petit (*)
Desde la crisis del año 2001, en el país avanzamos en las reformas de los sistemas de administración financiera de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público.
En ese contexto, dos normas se destacan en las finanzas públicas nacionales: la ley 24.156 de Administraciones Financieras y la 25.917 de Responsabilidad Fiscal, destinada a que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no incurran en desequilibrios presupuestarios y endeudamientos y administren con prudencia sus gastos.
La suspensión que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional constituye un retroceso que pone en riesgo las finanzas provinciales y municipales en el mediano y largo plazo, ya que la liberalización del tope de endeudamiento del 15% de los Recursos Corrientes, la modificación del límite al incremento del Gasto Público Primario, así como la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias que permitirían incrementar Gastos Corrientes en detrimento de Gastos de Capital, traerían en los próximos años consecuencias similares a las que dieron origen a crisis como la del año 2001, producto de la falta de planificación en materia fiscal y que generó déficits crónicos y recurrentes que se pretendieron mitigar con excesivos endeudamientos, causando deterioros económicos, políticos y sociales que se tradujeron rápidamente en el quiebre del orden institucional.
Durante 2002 y 2003, Nación, Provincias y Municipios comenzaron con un fuerte proceso de reordenamiento de sus finanzas, que permitieron, primero, el equilibrio financiero, para luego lograr el superavit.
Desde diciembre de 2003, cuando asumimos nuestra función en la gestión del Gdor. Jorge Pedro Busti, trabajamos para sacar a Entre Ríos de la pesadilla que significaron los bonos federales sumada a la crisis nacional, cuyas consecuencias, sobre todo sociales, aún no hemos podido superar.
CREATIVIDAD Y EFICIENCIA. La Provincia y los municipios estaban literalmente fundidos. Fue bajo el amparo de la Ley de Responsabilidad Fiscal que logramos reencauzarlos.
La necesidad de dar respuestas concretas a una sociedad devastada hizo que con creatividad, imaginación y mucho trabajo, la Provincia y sus municipios lograran hacer más eficientes sus sistemas de recaudación, aumentando sus recursos propios. A partir de mediados del año 2004 ellos superaron a los fondos coparticipables.
El Gobierno Provincial hizo su aporte. Descongeló los índices de coparticipación provincial, lo que significó más recursos, sin resignar o perder poder.
No hay provincia fuerte y ordenada sin municipios fuertes y ordenados; no hay Estado nacional económicamente viable sin provincias que lo sustenten. Son principios elementales del sistema federal.
Sin embargo, solo dos años después, nos encontramos con que se trata de repetir el mismo camino por el que llegamos al año 2001: lograr a través del endeudamiento sin control la respuesta a los graves problemas de administración y gestión.
El perverso sistema de distribución de fondos entre Nación y Provincias ha llevado lentamente a la pérdida de la dignidad a nuestras autoridades, que deben rendir pleitesía al gobierno central para poder cumplir mínimamente con sus objetivos. ¿O creen quienes impulsan la reforma de esta ley, que el endeudamiento es el camino para resolver los problemas financieros que hoy tienen los gobiernos provinciales?
Nosotros creemos que no. Creemos que esta situación es el resultado de la renuncia sistemática de nuestros recursos, que ha degradado nuestras instituciones, perdiendo de vista el modelo de país republicano y federal que fue nuestro origen.
Nosotros creemos que existen alternativas viables sin reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal. La respuesta está en trabajar para lograr que nos reconozcan nuestros derechos, que la distribución de fondos Nación-Provincia sea equitativa, justa, equilibrada y contemple todos los ingresos que por distintos caminos han evadido estos últimos años la ley de Coparticipación.
TRES PROYECTOS. Para eso, junto a los diputados Cristina Busti y Gustavo Zavallo hemos presentado y tienen estado parlamentario tres proyectos de ley: 1) el que propone aumentar la coparticipación a las provincias del impuesto sobre los Débitos Bancarios pasando del 30% al 60%; 2) el que pide la distribución de los remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional; 3) el que dispone la ampliación del Fondo Federal Solidario integrando a la coparticipación de las provincias los ingresos de la totalidad de los derechos de exportación cobrados por el Estado nacional. Y pensamos que sería justo que el 15 % de aporte a la Ansses que realizan las provincias a partir del Pacto Fiscal de 1992, nos fuera devuelto, en especial como en nuestro caso ya que nuestra Caja de Jubilaciones nunca fue transferida a la Nación.
Los gobiernos provinciales tienen recursos propios para reclamar y cuando el 75 % de su deuda es con el Estado nacional, es él quien debe acompañar la búsqueda de alternativas creíbles y lógicas y no empujarlos a endeudarse para retroceder, como significa la reforma de esta ley.
Los proyectos de ley están presentados, los diputados verdaderamente comprometidos con el futuro de nuestros pueblos estamos dispuestos a trabajar para hacerlos realidad.
Falta la voluntad y la decisión política de nuestros gobernadores e intendentes de dejar de ser mendigos del gobierno nacional y comenzar a reescribir la historia de nuestra patria federal.
(*) DIPUTADA NACIONAL.
PRESIDENTA DEL BLOQUE PERONISMO FEDERAL
